En Chile, la política habitacional ha sido un motor clave para garantizar el acceso a
viviendas dignas, especialmente a través de subsidios financiados con recursos públicos.
Sin embargo, esta política enfrenta un problema que no podemos seguir ignorando: la
postventa en los proyectos habitacionales. Muchas familias que reciben sus viviendas se
encuentran, al poco tiempo, con dificultades que parecen no tener solución debido a la falta
de una respuesta adecuada por parte de las constructoras.
La realidad es clara. A pesar de los avances en la entrega de viviendas subsidiadas, aún no
contamos con un sistema que asegure plenamente que las empresas constructoras
cumplan con su obligación de responder ante fallas o problemas posteriores a la entrega.
Las denuncias de vecinos que ven cómo su calidad de vida se deteriora debido a problemas
de terminaciones, instalaciones o acabados mal ejecutados son cada vez más comunes.
Esto refleja una brecha en nuestra política habitacional que debemos abordar con urgencia.
Para enfrentar este desafío, es necesario actuar en dos frentes. Primero, mejorando la
fiscalización en la etapa de construcción.
La entrega de una vivienda no debe limitarse simplemente a cumplir con un plazo de
entrega. Los órganos encargados de supervisar la construcción deben garantizar que cada
proyecto financiado con recursos públicos cumpla con estándares claros de calidad. Esto
implica un mayor control durante la ejecución de las obras, con inspecciones rigurosas que
aseguren que las viviendas no solo sean entregadas a tiempo, sino también en condiciones
óptimas para el uso diario de las familias.
También es importante que las garantías de postventa protejan a las familias. Entendamos
que el desafío no termina al entregar las llaves. Es imprescindible contar con un sistema
robusto que obligue a las constructoras a responder de manera eficiente y oportuna frente a
cualquier problema que surja tras la entrega. Las familias necesitan certezas: saber que si
algo falla tendrán un respaldo claro y accesible para resolverlo sin asumir costos injustos.
Esto requiere un rol más activo de las autoridades en fiscalizar el cumplimiento de las
garantías de postventa, además de establecer sanciones efectivas para quienes no
cumplan con esta obligación.
Garantizar una vivienda digna no es solo entregar un techo, sino también asegurar que las
familias puedan vivir en un hogar donde cada detalle haya sido construido con
responsabilidad y compromiso.
Hoy tenemos el desafío de cerrar esta brecha y trabajar para que el derecho a una vivienda
no se detenga en la entrega, sino que se extienda a un acompañamiento postventa sólido y
confiable.
Resolver este problema es una deuda pendiente y un paso necesario para fortalecer la
confianza de las personas en las políticas públicas y en el acceso a una mejor calidad de

vida. Es hora de avanzar con decisión hacia un sistema que ponga a las familias en el
centro y garantice que el sueño de la casa propia no se convierta en una preocupación
constante por incumplimientos que podrían haberse evitado.