La parlamentaria puso el tema en discusión en el Congreso el año 2022.
Actualmente, más de 17 mil chilenos con diabetes tipo 1 que deben costear de su
bolsillo el monitoreo continuo de glucosa.

La diputada Natalia Romero ha intensificado sus gestiones para que el Gobierno avance en
la incorporación del monitoreo continuo de glucosa (MCG) para pacientes con diabetes tipo
1 en la canasta GES. Esto, tras la reciente exposición de una agrupación de pacientes en la
Comisión de Salud del Senado, donde hoy la solicitud está en revisión.

La parlamentaria destacó que, a pesar de los esfuerzos legislativos y los reiterados
llamados al Gobierno para atender esta urgente demanda, aún no hay avances concretos
en la materia.

«Seguiremos insistiendo al Ejecutivo la inclusión de tecnologías como el sistema Freestyle
Libre en la cobertura de salud para personas con diabetes tipo 1. Los pacientes continúan
esperando una respuesta concreta que permita un acceso equitativo y financiado», expresó
la legisladora.

La diputada Romero además subrayó los argumentos expuestos por la agrupación de
pacientes, quienes recalcaron la necesidad urgente de esta medida. «Las cifras son claras:
más de 17 mil personas con diabetes tipo 1 deben costear de su propio bolsillo el monitoreo
continuo de glucosa. Esto no es solo una cuestión de equidad, sino de salud pública. La
evidencia científica es contundente en cuanto a los beneficios de este monitoreo para un
control adecuado de la diabetes», agregó.

«Es inaceptable que, después de tantas solicitudes, aún no tengamos una respuesta clara ni
un plan de acción concreto por parte del Ministerio», enfatizó la congresista.

Al respecto, la directora de la Agrupación Social Diabetes Tipo 1, Noelia Pozo, comentó que
“desde que el ministro Marcel accedió a realizar el catastro de personas con diabetes tipo 1
y estudiar su posible incorporación a las canastas, han pasado 2 años”.

“Una persona con diabetes, en el mejor escenario ha usado 2 sensores por mes y ha debido
gastar $2.875.152, el equivalente a 42 canastas básicas de alimentos. El costo mensual
equivale a casi un 24% del sueldo mínimo. Si no tenemos respuesta positiva y debemos
esperar otros 3 años, tendremos que sumar un gasto de $4.312.728”, detalló.

Frente a esta compleja realidad, la diputada reiteró su compromiso de seguir trabajando
junto a las agrupaciones de pacientes y los parlamentarios para que esta medida sea
finalmente una realidad en la Ley GES, asegurando que el acceso a esta tecnología vital no
sea un privilegio, sino un derecho para todos los pacientes que lo necesiten.