Por diputada Natalia Romero, integrante Comisión de Familia
El reciente reportaje de Chilevisión sobre la realidad de Bajos de Mena nos muestra una infancia atrapada en un entorno hostil, donde el miedo y la falta de oportunidades han reemplazado la alegría y la seguridad que deberían marcar esos años. La voz de un niño de apenas 8 años, describiendo su temor de salir a jugar por la violencia que lo rodea, es el retrato más crudo del abandono del Estado.
Este no es un caso aislado. El Sexto Informe Anual de la Defensoría de la Niñez reveló que, hasta el 15 de noviembre de 2024, 48 menores han sido asesinados con armas de fuego, superando ya los 42 casos de 2023 y acercándose al récord de 49 homicidios registrado en 2022, el año más sangriento en dos décadas para este grupo etario. A esto se suma el escalofriante dato de la Fundación Amparo y Justicia: los homicidios de niños en el contexto de violencia intrafamiliar aumentaron en un 600% en el último año, pasando de 2 casos en 2022 a 14 en 2023.
Pero si la inseguridad y la violencia ya son una carga insoportable para estos niños, la falta de acceso a derechos básicos agrava aún más su realidad. Por primera vez, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna) entregó una radiografía real del trabajo infantil en Chile. Y los resultados son desoladores: 507.800 niños realizan algún tipo de trabajo infantil en el país.
De ellos, el 5,4% trabaja en ocupaciones económicas remuneradas, mientras que un 11,2% realiza labores domésticas y de cuidado en condiciones peligrosas. La situación es aún más grave en el tramo de 9 a 14 años, donde la tasa de trabajo infantil alcanza un alarmante 20,1%. Son niños que, en lugar de disfrutar su infancia, están forzados a convertirse en adultos prematuros en un país que les ha fallado sistemáticamente.
Estos datos deberían haber generado una respuesta inmediata del Gobierno. Sin embargo, mientras los niños morían en barrios tomados por la delincuencia y crecían sin acceso a una educación oportuna ni protección estatal, el Ejecutivo decidía dar suma urgencia a proyectos irrelevantes como la declaración del «Día del Pajarete». La desconexión con la realidad es evidente y dolorosa.
No podemos seguir normalizando esta tragedia. Chile necesita una política de protección integral para la infancia que asegure entornos seguros, acceso a educación de calidad, oportunidades de desarrollo y medidas efectivas contra la violencia. No basta con discursos y promesas vacías: es hora de que el Estado asuma su responsabilidad con los niños de Bajos de Mena y de todo Chile. Porque cada día que pasa sin actuar, seguimos condenando a miles de niños a un futuro de pobreza, violencia y desesperanza.
