La Cámara aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a acreditar el origen lícito de los honorarios pagados a abogados defensores en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo y corrupción, entre otros, iniciativa impulsada por la diputada Natalia Romero junto a un grupo de parlamentarios.
La norma, despachada al Senado, establece que estos pagos no podrán realizarse en efectivo, debiendo efectuarse mediante medios que permitan trazabilidad, como cheques, vale vista, tarjetas de pago o transferencias electrónicas, además de sanciones que van desde la suspensión del ejercicio profesional por seis meses a un año en caso de incumplimiento.