La representante de O’Higgins aseguró que la normativa permitirá perseguir y sancionar con mayores penas a las organizaciones criminales y de narcotráfico que operan en todo el país.
La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, destacó que durante esta mañana se haya promulgado la denominada “Ley Antinarcotráfico”, que fue aprobada por el Congreso Nacional como una manera de mejorar la persecución del crimen organizado en el país, sobre todo producto de la grave crisis de inseguridad que existe y el aumento significativo que han sufrido los delitos violentos.
Por lo mismo, junto con valorar la pronta entrada en vigencia del proyecto -que votó a favor en todos sus artículos-, la parlamentaria solicitó que las distintas inversiones e iniciativas que se realicen “consideren también la realidad de nuestra región”, advirtiendo que “muchas veces estos proyectos se terminan aplicando casi exclusivamente en Santiago, como si en O’Higgins o en otras zonas del país no tuviéramos los mismos problemas de inseguridad y de delincuencia que vive la capital”.
“Es indispensable que la nueva Ley Antinarcotráfico tenga una bajada en todas las regiones de nuestro país y que las futuras inversiones no se destinen únicamente a Santiago, como lamentablemente suele ocurrir. La seguridad sigue siendo la prioridad número uno de los chilenos, y por eso debe existir una redistribución equitativa de todas las medidas que se apliquen”, manifestó la diputada Romero, quien agregó que “la obligación del Gobierno es garantizarles una seguridad y tranquilidad a todas las personas, y para eso no puede discriminar a las regiones en esta materia”.
En esa línea, la representante del Distrito 15 explicó que la nueva ley establece, entre otras medidas, una sanción para quien administre sustancias ilícitas a terceros sin su consentimiento, la que puede llegar incluso a los 15 años de presidio en caso de usarse la violencia o intimidación. Además, la pena aumentará en un grado cuando se utilice a menores de edad en algún delito relacionado con el tráfico de drogas, como también en dos grados si se les entrega un arma de fuego para el mismo fin.
Asimismo, detalló la diputada Romero, la normativa otorga mayores facultades a las policías para fiscalizar a quienes estén inscritos en el registro de precursores y sustancias químicas, como también amplía el catálogo de las empresas que están obligadas a reportar las operaciones sospechosas, de manera de evitar que organizaciones criminales puedan lavar dinero mediante el pago en efectivo.
Por último, la parlamentaria valoró que los bienes e inmuebles que sean incautados puedan ir destinados a alguna institución del Estado o privada que se dedique a prevenir el consumo de drogas.
“Todas estas medidas van a ser muy importantes para ir recuperando los barrios y devolvérselos a las familias. Por eso aprobamos mayores sanciones, aumentos de penas y una serie de medidas que le permitirán a las policías y a la Fiscalía perseguir a todas las organizaciones criminales que operan en nuestro país”, señaló Romero, quien finalmente insistió en que “esperamos que la persecución policial se concentre en regiones como O’Higgins, y no sólo en la Metropolitana como es lo habitual”.