La iniciativa de la legisladora, que fue despachada al Senado, establece que estos pagos no podrán realizarse en efectivo, debiendo efectuarse mediante medios que permitan trazabilidad, como cheques, vale vista, tarjetas de pago o transferencias electrónicas.

Como una herramienta clave para combatir el financiamiento ilegal de la defensa penal en delitos graves, calificó la diputada Natalia Romero la aprobación unánime en la Cámara del proyecto de ley que obliga a acreditar el origen lícito de los honorarios pagados a abogados defensores en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo y corrupción, entre otros.

La iniciativa, que fue despachada al Senado, establece que estos pagos no podrán realizarse en efectivo, debiendo efectuarse mediante medios que permitan trazabilidad, como cheques, vale vista, tarjetas de pago o transferencias electrónicas. De esta forma, se busca evitar que recursos provenientes del narcotráfico o de redes criminales financien defensas judiciales sin control alguno.

“Con este proyecto estamos cerrando una puerta que por mucho tiempo ha sido utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero a través del pago de defensas legales. No puede ser que alguien que está siendo investigado por delitos gravísimos pague millones en efectivo sin que se sepa de dónde viene ese dinero. Este proyecto garantiza mayor transparencia y entrega una potente señal en favor de la probidad y el Estado de Derecho”, enfatizó la legisladora, quien impulsó la norma junto a un grupo de parlamentarios.

El proyecto también incorpora la obligación de los abogados de acreditar el pago recibido al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa, y establece sanciones que van desde la suspensión del ejercicio profesional por seis meses a un año en caso de incumplimiento. La norma excluye a los abogados de la Defensoría Penal Pública.

Asimismo, se incorpora a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la obligación de informar sobre estos pagos cuando corresponda, medida que fue aprobada con 109 votos a favor.

Finalmente, el proyecto establece que esta misma exigencia de trazabilidad en el origen de los recursos regirá también para otras concesiones judiciales, como el otorgamiento de libertad bajo fianza.

“Estamos avanzando con fuerza en cerrar los espacios a las mafias, al crimen organizado y a todos quienes buscan aprovecharse de vacíos legales para burlar la justicia. Esta es una señal clara de que el Estado no será cómplice ni tolerará financiamientos opacos en la defensa penal de quienes atentan contra la seguridad del país”, cerró la diputada Romero.